En la campiña de Carmona, en Sevilla, una hectárea de secano alquilada a un promotor solar puede rendir en torno a 1.900 euros al año (Cocampo). Esa misma hectárea, arrendada para sembrar cereal, se paga de media en España a unos 140 euros (MAPA, vía Qcom). Con semejante diferencia sobre la mesa, no sorprende que muchos propietarios firmen. Tampoco sorprende que un trabajo de la Universidad de Huelva sitúe al sisón y a la avutarda de esa misma campiña entre las especies amenazadas por la expansión fotovoltaica (Universidad de Huelva).
Ambos datos resumen bien el conflicto que atraviesa hoy el campo español. La energía solar es imprescindible para descarbonizar la economía y ya genera casi una quinta parte de la electricidad del país (Red Eléctrica). Sin embargo, su despliegue sobre suelo rústico ha abierto una disputa en la que se mezclan intereses económicos, valores ecológicos y formas muy distintas de ordenar el territorio. Por eso la cuestión de fondo no es si hacen falta placas, sino dónde, cómo y en beneficio de quién se instalan.
Poco suelo, mucho paisaje
Según el Ministerio de Agricultura, los parques fotovoltaicos ocupaban a finales de 2023 unas 50.000 hectáreas, el equivalente al 0,2 % de la superficie agraria útil (Plataforma Tierra). Visto desde el conjunto del país, el dato invita a relativizar el problema. La cifra, sin embargo, esconde dos matices que explican buena parte del malestar rural.
El primero es la velocidad. La superficie ocupada ha crecido en 31.000 hectáreas desde 2016, un 166 %, y en los últimos tres años lo ha hecho a ritmos superiores al 20 % anual. Si llegaran a construirse todos los grandes proyectos de más de 50 megavatios que ya han pasado la evaluación, la cifra rondaría las 100.000 hectáreas (Agronews).
El segundo es la concentración. Castilla-La Mancha y Extremadura reúnen cada una algo más de 11.000 hectáreas, casi la mitad del total, y junto con Andalucía acumulan el 60 % de la potencia instalada. De este modo, lo que a escala nacional es una fracción mínima del territorio se convierte, en determinadas comarcas, en una transformación completa del paisaje.
Conviene, además, fijarse en qué tierra sustituyen las placas. Entre 2012 y 2022, el 82 % de las hectáreas nuevas eran de secano, sobre todo cereal, girasol, olivar y barbecho; el 11 %, de regadío, y el 7 %, monte o suelo no agrícola. La explicación es sencilla: los promotores buscan terrenos llanos, extensos y próximos a una subestación con capacidad de conexión, un perfil que el secano cerealista cumple mejor que ningún otro.
La aritmética de la renta
Para entender por qué tantos propietarios aceptan, basta con hacer números. El alquiler para una planta solar oscila entre 1.000 y 2.200 euros por hectárea y año, en contratos de 25 a 40 años, actualizados con la inflación y ajenos al riesgo de una mala cosecha. En cambio, el canon medio de una tierra arable de secano fue de 140 euros en 2024, y ni siquiera el viñedo de regadío, el uso agrícola mejor pagado, supera los 735.
Esa diferencia explica la rapidez del cambio, pero también revela quién gana y quién pierde. Cuando la tierra está arrendada, quien cobra la renta solar es el propietario, mientras que quien se queda sin superficie que cultivar es el agricultor que la trabajaba. Así, una misma operación puede mejorar las cuentas de una familia y, a la vez, restar actividad agraria al pueblo.
El ayuntamiento, por su parte, sí obtiene ingresos relevantes. De acuerdo con los cálculos de la patronal fotovoltaica UNEF, cada megavatio genera unos 17.500 euros del impuesto de construcciones en el año de la obra y, a partir de entonces, en torno a 3.800 euros anuales entre el IBI de bienes especiales y el impuesto de actividades económicas (REVE). En una planta típica de 50 megavatios, eso supone cerca de 875.000 euros de una vez y unos 190.000 al año, una cantidad considerable para el presupuesto de un municipio pequeño.
El empleo, en cambio, es sobre todo temporal. La construcción ocupa a entre tres y cinco personas por megavatio durante unos meses, pero la operación apenas requiere entre 0,05 y 0,1. Dicho de otro modo, una planta de 50 megavatios puede dar trabajo a 150 o 250 personas mientras se levanta y a menos de cinco una vez en marcha.
A todo ello se suma un factor que el debate suele pasar por alto: cada nueva hectárea de placas aporta menos valor que la anterior. En 2025 hubo 805 horas con el precio de la electricidad a cero o en negativo, y para 2026 se calculan unas 1.150. El precio medio que captura la solar ha caído de unos 150 euros por megavatio hora en 2022 a 31 en la media reciente, y la energía que se desperdicia por falta de demanda o de almacenamiento podría multiplicarse casi por cuatro entre 2024 y 2026 (El Independiente). Sin baterías ni más consumo eléctrico, seguir ocupando secano aporta cada vez menos al sistema.
¿Verde para quién?
La pregunta ecológica admite una respuesta menos simple de lo que suele presentarse. La literatura científica, procedente sobre todo del Reino Unido y de Centroeuropa, muestra que una planta solar bien gestionada puede albergar más vida que el cultivo intensivo al que sustituye. En once plantas del sur de Inglaterra, Montag y sus colaboradores encontraron en 2016 más diversidad de plantas, mariposas y abejorros, así como más aves de interés para la conservación, allí donde se sembraron mezclas variadas, se pastoreó o segó en lugar de recurrir al herbicida y se conservaron los márgenes. En Eslovaquia, un estudio en 32 plantas registró más especies de aves que en los pastizales de referencia (Wildlife Trusts).
Esa misma literatura reconoce, no obstante, efectos negativos. En Inglaterra, seis de ocho especies o grupos de murciélagos mostraron menos actividad en las plantas solares que en las parcelas de control, y bajo los paneles se ha medido un suelo más compactado y con menos carbono orgánico. La propia revisión que recopila estos trabajos admite, además, que apenas existen estudios con datos anteriores y posteriores a la construcción, de modo que buena parte de las conclusiones descansan en comparaciones puntuales.
En España, el problema tiene otro nombre: las aves esteparias. El secano cerealista que buscan los promotores es el hábitat de la avutarda, el sisón y las gangas, especies en declive que con frecuencia viven fuera de la Red Natura 2000. Ya en 2020, veintitrés científicos del CSIC y de varias universidades advirtieron en la revista Science de que la expansión renovable se estaba planificando con información desactualizada, aportada a menudo por los propios promotores, y de que algunos proyectos se fragmentaban para esquivar la evaluación ambiental (Universidad Pablo de Olavide). Los casos concretos no tardaron en llegar: la ganga ortega dejó de criar en el Campo de Tabernas, en Almería, tras la construcción de plantas fotovoltaicas.
El trabajo más preciso hasta la fecha, firmado en 2025 por Ana Benítez-López y su equipo, cruza la distribución de las dos gangas ibéricas con las plantas existentes y con el potencial solar del territorio (SSRN). Hoy, entre el 3 y el 6 % de su área ya se solapa con instalaciones fotovoltaicas; en 2050, esa proporción podría alcanzar el 27-29 % en el caso de la ganga ibérica y el 12-16 % en el de la ganga ortega. Su conclusión, sin embargo, no es pesimista: bastaría con vetar unos 7.900 kilómetros cuadrados para proteger los núcleos de ambas especies, y aun así quedarían alrededor de 300.000 con alto potencial solar. El problema, por tanto, no es de espacio, sino de planificación.
El campo ya estaba cambiando
Sería un error, con todo, presentar las placas como la única amenaza para el campo. Las aves agrarias españolas llevan décadas en retroceso: según el seguimiento de SEO/BirdLife, han perdido en torno al 27 % de sus efectivos en tres décadas, y el sisón, más de dos tercios entre 1998 y 2018 (EFE, vía Vivir Ediciones).
Los propios ornitólogos atribuyen ese declive, sobre todo, a la intensificación agraria: el uso de fitosanitarios, la pérdida de barbechos y lindes, el paso del secano al regadío y el abandono de tierras, a los que ahora se suman las infraestructuras y las plantas solares. Un estudio de Traba y Morales publicado en 2019 comprobó, de hecho, que las variaciones anuales de la superficie de barbecho se corresponden con las del sisón y con el índice general de aves agrarias (EBCC).
Las plantaciones intensivas, por tanto, también transforman el campo, y lo hacen sin el escrutinio que reciben las placas. La recolección nocturna del olivar superintensivo llegó a matar, según Ecologistas en Acción, unos 2,6 millones de aves al año en Andalucía antes de que la Junta frenara esa práctica (BirdGuides). En el Alentejo portugués, por su parte, se ha documentado cómo los insectos depredadores y parasitoides disminuyen a medida que el olivar se intensifica (Scientific Reports). Y con una diferencia relevante: mientras que una gran planta solar debe superar una evaluación de impacto ambiental, un cambio de cultivo, por lo general, no.
Nada de ello absuelve a la fotovoltaica, pero sí desplaza la pregunta. Si el criterio es la energía que rinde cada hectárea, las placas tampoco son el peor uso energético del suelo agrícola: en la tierra que hoy ocupan los cultivos para biocombustibles, la fotovoltaica produciría unas 23 veces más energía (Our World in Data).
Cataluña, o el coste de no decidir
Si La Mancha y Extremadura ilustran los riesgos de un despliegue rápido y concentrado, Cataluña representa el extremo opuesto. El decreto de emergencia climática de 2019 atrajo cientos de proyectos y, con ellos, una fuerte contestación en el territorio. Para calmarla, el Govern aprobó en 2021 un marco basado en la participación: los parques de más de cinco megavatios debían ofrecer a vecinos y afectados la posibilidad de invertir, el 30 % de la generación renovable tenía que ser distribuida y participada, se limitaron las expropiaciones y se encargó un plan territorial, el PLATER, para ordenar el despliegue.
Siete años después, el resultado es una parálisis difícil de discutir. De 774 proyectos fotovoltaicos presentados, solo 26 estaban en servicio, y la tramitación de un parque eólico superaba los cuatro años, frente a menos de tres en Aragón o Castilla-La Mancha (Món Planeta). En 2025, Cataluña instaló 44 de los 8.002 megavatios renovables que se añadieron en España, apenas el 0,55 % (El Nacional).
Entretanto, el PLATER acumuló más de 12.000 alegaciones y unos 300 ayuntamientos firmaron un manifiesto en su contra, hasta el punto de que el Govern ha aplazado su aprobación al menos hasta el verano de 2027 (Crónica Global). Como consecuencia, Cataluña genera con renovables solo el 18 % de su electricidad, frente al 55,5 % del conjunto del país, depende de las centrales de Ascó y Vandellòs para cerca del 60 % de su producción e importó en 2024 el 12,9 % de la electricidad que consumió, la proporción más alta desde 2010 (DOGC).
Atribuir este bloqueo solo a la participación ciudadana sería, no obstante, injusto. También han pesado la falta de técnicos en la administración energética, una red con pocos puntos de conexión, una normativa eólica restrictiva desde 2009 y la litigación sistemática. Aun así, la secuencia deja una lección clara: se tramitó primero y se intentó planificar después, de manera que cada proyecto se convirtió en una negociación nueva y el plan llegó cuando la oposición ya estaba organizada. Escuchar sin plazos y sin un mapa vinculante de dónde sí y dónde no terminó funcionando como un veto.
El propio Govern ha corregido el rumbo. El decreto ley 22/2025 prohíbe las moratorias municipales generales, crea un procedimiento urgente para los proyectos pequeños y los que se ubiquen en suelos degradados, y fija reglas objetivas para el suelo agrícola: excluye el regadío en uso y los mejores suelos de secano, y limita las placas al 10 % del secano de cada municipio en el resto. La participación se mantiene, pero ya no consiste en negociar cada proyecto, sino en decidir de antemano dónde se puede construir.
Luz del interior para las ciudades
El caso catalán enlaza con otra dimensión del conflicto, la territorial. La electricidad española se produce cada vez más en el interior rural y se consume en las grandes ciudades y en la costa. En 2021, Extremadura generaba casi cinco veces la electricidad que consumía, mientras que Madrid apenas producía el 5 % de la suya (Motorpasión, con datos de Red Eléctrica). Dos años después, el mapa de exportadoras e importadoras netas seguía dibujando la misma frontera (Energy News).
Exportar electricidad no es, en sí mismo, un problema; de hecho, Extremadura lo hace también gracias a la central nuclear de Almaraz, y Andalucía, pese a liderar la potencia fotovoltaica, sigue siendo importadora por el peso de su demanda. El malestar surge cuando el territorio que cede el suelo no percibe el retorno: las rentas van al propietario, el empleo estable es escaso y el recibo de la luz cuesta lo mismo en un pueblo de La Siberia extremeña que en el centro de Madrid.
Decidir antes dónde sí y dónde no
¿Es, entonces, una transición verde o no tan verde? La respuesta depende menos de la tecnología que de las decisiones que la acompañan. Una planta levantada sobre un cultivo intensivo, gestionada como pradera y con retorno para el municipio, puede sumar a la vez energía limpia y biodiversidad. Esa misma planta, instalada sobre un núcleo de aves esteparias, con vallados que fragmentan el hábitat y con las rentas lejos del pueblo, resta bastante más de lo que aporta.
Las herramientas para hacerlo bien ya existen. El Ministerio para la Transición Ecológica dispone de un mapa de sensibilidad ambiental para las renovables, aunque solo tiene carácter orientativo (MITECO). La investigación, por su parte, ha delimitado zonas de exclusión que apenas restan potencial solar, y la experiencia catalana de 2025 demuestra que el mejor suelo agrícola puede protegerse con reglas sencillas. A ello se suman medidas conocidas: aprovechar antes los tejados, las naves y los suelos degradados; exigir que las plantas se gestionen pensando en la fauna; y garantizar que una parte del beneficio llegue a quienes trabajan la tierra, no solo a quienes la poseen.
También la agrovoltaica ofrece un camino intermedio allí donde tiene sentido. En un ensayo de la Universidad de Sevilla y la Politécnica de Madrid, cultivar tomate bajo paneles resultó entre un 54 y un 67 % más eficiente que producir alimento y electricidad en parcelas separadas (Universidad de Sevilla).
En definitiva, la transición será tan verde como la planificación que la sostenga. Y planificar, en este caso, significa algo muy concreto: decidir, antes de cada proyecto y no durante su tramitación, dónde sí y dónde no.
Fuentes principales
- Ministerio de Agricultura, Extensión de los parques fotovoltaicos en España (AgrInfo n.º 37), vía Plataforma Tierra y Agronews
- Ministerio de Agricultura, Encuesta de Cánones de Arrendamiento Rústico 2024, vía Qcom
- Red Eléctrica, Informe del Sistema Eléctrico 2025 y Observatorio de Energías Renovables, 2025
- Wildlife Trusts, revisión bibliográfica sobre plantas solares y biodiversidad (2025)
- Benítez-López et al. (2025), exposición de las gangas a la fotovoltaica
- Serrano et al. (2020), carta en Science, vía Universidad Pablo de Olavide
- Traba y Morales (2019), barbecho y aves agrarias, vía EBCC
- Decreto ley 22/2025 de Cataluña, DOGC
